EGA pide atribuir a energía eólica interés público superior
La Asociación Eólica de Galicia denuncia obstáculos judiciales que impiden el desarrollo del sector a pesar del potencial energético y ambiental que implica.
El sector eólico gallego enfrenta una situación crítica debido a que se obstaculiza su desarrollo. A pesar de contar con alrededor de 190 parques eólicos y más de 4,000 aerogeneradores, Galicia aún no ha logrado alcanzar los 4,000 MW de potencia instalada, a pesar de tener autorizados cerca de 2,500 MW.
La situación se agrava por las fuertes tensiones internacionales que han provocado un nuevo aumento en los costos energéticos y una mayor dependencia de los combustibles fósiles. En este contexto, el viento surge como un recurso natural fundamental para Galicia.
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) defiende que la eólica tiene un potencial extraordinario en términos de independencia energética, desarrollo industrial y lucha contra el cambio climático. Así, dice que urge aplicar la directiva de la Unión Europea (UE) que atribuye a la energía el interés público superior.
El Observatorio Galego de Acción Climática (OGACLI) alerta sobre la "enorme dependencia de energía fósil importada" en Galicia. Además, señala que la energía gallega renovable se ha estancado en los últimos años y apenas supera 20% del total utilizado en la región.
Ante este panorama, la eólica reduce las emisiones contaminantes y contribuye a alcanzar cero emisiones lo antes posible. La EGA enfatiza que la energía eólica es una fuente limpia, inagotable y renovable que genera un impacto positivo en la economía y en los habitantes de las zonas donde se implantan los parques.
La EGA también se considera que los detractores de la energía eólica impulsan un debate "maniqueo, falaz y perverso" que conduce a una situación de pobreza, dependencia y subdesarrollo. La asociación resalta la necesidad de superar esta visión limitada y avanzar hacia un modelo energético sostenible y responsable.
En Galicia, el consumo eléctrico ha disminuido 33% en los últimos seis años, una situación que se atribuye al cierre de industrias electrointensivas y otras actividades productivas, más que a una mejora en la eficiencia energética. La EGA considera esta caída del consumo como una "desgracia" debido a las consecuencias negativas para la industria, la economía y el medio ambiente.
