Informe revela avances en transparencia corporativa en España
La transparencia corporativa en España sigue siendo limitada, con mejor desempeño en derechos laborales y medio ambiente, pero áreas como la lucha contra la corrupción necesitan mejoras. El texto analiza la situación actual en relación a las nuevas regulaciones europeas.
El panorama de la transparencia corporativa en España se presenta complejo, marcado por avances inconclusos en áreas como los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, a pesar del creciente interés por la sostenibilidad y la rendición de cuentas. Un reciente informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa pone de manifiesto estas realidades, analizando el desempeño de las empresas del IBEX 35 en materia de información transparente.
Las áreas donde se observa mayor completitud en la información son los derechos laborales, clientes y consumidores, así como el medio ambiente. Sin embargo, la fiscalidad, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción presentan los peores resultados, según la evaluación. Este panorama genera inquietud en un contexto donde las regulaciones europeas sobre sostenibilidad buscan impulsar cambios significativos en la actuación de las empresas.
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa alerta sobre la propuesta Ómnibus, cuestionando su enfoque que busca simplificar la normativa existente sin un proceso de consulta pública y antes de su plena implementación. Se critica la "simplificación" que podría debilitar el marco normativo alcanzado tras años de consenso institucional, con el que las empresas ya habían asumido considerables costes de adaptación.
El área de los derechos humanos se posiciona como la segunda con peor desempeño en el análisis. Si bien se han observado mejoras graduales en años anteriores, estas siguen siendo claramente insuficientes. Las empresas del IBEX 35 cumplen mayoritariamente con indicadores formales, como la adopción de políticas de derechos humanos y códigos de conducta para proveedores, pero los avances en aspectos sustantivos, como la identificación y gestión de riesgos, son muy limitados.
El estudio destaca que la propuesta Ómnibus podría generar un impacto negativo al centrarse en los proveedores directos para la evaluación de riesgo, descuidando los riesgos en la cadena de suministro más alejada donde se producen los abusos más graves. De las empresas analizadas, solo tres publican sus objetivos relacionados con los riesgos identificados, lo que evidencia una falta de concreción en la gestión de estos aspectos.
Buen Gobierno y lucha contra la corrupción, deficiente
En el área de Buen Gobierno se percibe una tendencia positiva en aspectos como el canal de denuncia y la gestión sostenible del Consejo de Administración, favorecida por las normativas que han incrementado las obligaciones de información. Sin embargo, en la lucha contra la corrupción, se observa una continuidad en los resultados, evidenciando la brecha entre la información sobre compromisos, mecanismos y resultados de la gestión.
Aunque las políticas son cada vez más exhaustivas y actualizadas, la información sobre gestión de riesgos de corrupción o auditorías es muy escasa, limitándose a menciones generales sobre controles o formación.
A pesar de los avances en transparencia, queda claro que existen áreas donde se necesita un mayor esfuerzo por parte de las empresas españolas. La implementación efectiva de la normativa europea en materia de sostenibilidad y la adopción de prácticas más robustas en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción son cruciales para garantizar una economía transparente y ética.
La importancia de la transparencia corporativa no solo radica en el cumplimiento normativo, sino también en la construcción de confianza con los stakeholders. Un adecuado desempeño en estas áreas contribuye a fortalecer la imagen corporativa, mejorar la relación con los inversores y generar un impacto positivo en la sociedad.
En este sentido, es necesario promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas dentro de las empresas españolas, impulsando iniciativas que fomenten la participación ciudadana, el diálogo con los stakeholders y la evaluación independiente del desempeño en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.
El camino hacia una economía más transparente y ética requiere un compromiso conjunto por parte de las empresas, los reguladores y la sociedad civil. La implementación efectiva de las normativas existentes, el desarrollo de mejores prácticas y la promoción de una cultura de transparencia son elementos clave para lograr este objetivo.
