La nueva administración de Estados Unidos ha recibido un portazo en la cara por parte de un juez federal que ha ordenado que las páginas con información de salud LGBTQ+, que fueron eliminadas de los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), sean restauradas.
Este fallo ha causado un importante revuelo, ya que la información eliminada era considerada esencial para los proveedores de atención médica y sus pacientes. Según informes, más de 80,000 páginas de más de una docena de sitios web del gobierno estadunidense, incluidos los de los CDC, fueron eliminadas tras la publicación de las órdenes.
Entre el contenido que desapareció por orden de Donald Trump a principios de la semana pasada, se encontraban recursos esenciales para los proveedores de atención médica, como las pautas sobre anticonceptivos y recomendaciones clínicas para manejar la salud sexual y la atención que afirman el género.
Las críticas a la eliminación de las páginas
La eliminación de estas páginas suscitó fuertes críticas de los defensores de la salud pública y los profesionales en la industria de la salud. La información de estas páginas es utilizada por los trabajadores de la salud en todo el país para informar la investigación, mejorar la atención al paciente y guiar la toma de decisiones clínicas en tiempo real.
El juez de distrito estadounidense John D. Bates, consede en Washington, designado por el ex presidente George W. Bush, respaldó a los ciudadanos, el público y los médicos de Estados Unidos, dictaminando que la eliminación de las páginas causó “daño irreparable” a los proveedores de atención médica y sus pacientes.
En su fallo, Bates enfatizó que las páginas eran más que solo recursos académicos: eran herramientas críticas para los proveedores de atención médica que tomaban decisiones en hospitales, clínicas y departamentos de emergencias en todo el país.
“Los materiales perdidos son vitales para la toma de decisiones clínicas en tiempo real”, escribió Bates en su decisión. “Sin ellos, los proveedores de atención médica e investigadores se quedan sin recomendaciones actualizadas sobre la gestión de enfermedades infecciosas, amenazas de salud pública, atención preventiva esencial y afecciones crónicas”.