El gobierno mexicano decidió posponer por seis meses el cobro del Derecho de No Residentes (DNR) a los turistas que llegan al país en cruceros, de 42 dólares; un impuesto que se iba a cobrar a los extranjeros que arribaran por mar a partir del primero de enero de 2025, independientemente de si bajan o no del barco.

Esta medida, aprobada a principios de diciembre, ha sido objeto de críticas por parte de la industria de cruceros, representada principalmente por la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA); señaló que representa un aumento de 213% sobre el costo promedio por puerto en el Caribe.

Según la asociación, la medida podría reducir la competitividad de los puertos mexicanos frente a otros destinos en la región. Michele Page, directora ejecutiva de la FCCA, destacó que el impuesto recae principalmente en ciudadanos estadounidenses y fue aprobado sin consulta previa con la industria.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de turismo en la Cámara de Diputados federal, Tania Palacios Kuri, enfatizó que postergar el cobro del impuesto de 42 dólares a turistas que arriban a México por vía marítima es esencial para mantener la competitividad del país en el ámbito turístico.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó la importancia de analizar detenidamente la implementación de cualquier impuesto debido a su posible impacto negativo en la industria turística, la cual es fundamental para la economía nacional.

La diputada Palacios Kuri reconoció la decisión de aplazar el impuesto, subrayando que el turismo marítimo genera una importante derrama económica en los destinos costeros y contribuye directamente al desarrollo de las comunidades

Enfatizó que toda medida impositiva debe ser evaluada con cuidado para evitar afectar la industria y la percepción que los visitantes internacionales tienen de México como un destino atractivo y competitivo.